México, 5 de septiembre de 2023 – Los niños, niñas y adolescentes en México que enfrentan la dolorosa realidad de tener un familiar desaparecido se encuentran atrapados en una triste encrucijada de negligencia y olvido por parte de las comisiones de Atención a Víctimas y las comisiones de Derechos Humanos estatales. Esta situación está generando graves consecuencias en su desarrollo emocional, social, educativo y económico.
Las comisiones de Atención a Víctimas alegan que no pueden prestar ayuda a estos menores debido a la falta de recomendaciones por parte de las comisiones de Derechos Humanos. Asimismo, las fiscalías luchan por obtener sentencias condenatorias que permitan a estos jóvenes recibir apoyo gubernamental. Según informes, en promedio, cada familia con uno o más miembros desaparecidos podría tener hasta tres niños, niñas y adolescentes afectados por la ausencia de sus seres queridos.
Sin embargo, los apoyos que estos menores de edad reciben de los gobiernos estatales son mínimos. Según datos obtenidos a través de solicitudes de información, solo las comisiones de Atención a Víctimas de Guanajuato, Veracruz, San Luis Potosí y Durango informaron haber entregado 51 reparaciones integrales del daño a niños, niñas y adolescentes con familiares desaparecidos. Estas cifras están muy por debajo de la magnitud del problema en el país. Una encuesta aleatoria reveló que 776 familias de víctimas tienen a su cargo a 2,327 menores afectados por la ausencia de sus seres queridos.
Las consecuencias de esta situación son devastadoras, con niños y adolescentes experimentando depresión, ansiedad, miedo a salir a la calle, dificultades económicas, enfermedades y discriminación por parte de la sociedad.
La organización Tejiendo Redes Infancia estima que alrededor de 159,000 niños, niñas y adolescentes en México podrían haber sufrido la desaparición de uno o más familiares. Estos menores enfrentan la angustia de perder a sus padres, tíos, tías, primos, primas, abuelos y hermanos.
Las comisiones de Atención a Víctimas, tanto a nivel estatal como federal, deberían ser las instituciones encargadas de brindar apoyo psicológico, económico, médico, de vivienda y educativo a estos niños y adolescentes. Sin embargo, esta responsabilidad está lejos de ser cumplida.