En una demanda civil estadounidense revisada, la empresa de redes sociales antes conocida como Twitter, ahora referida como «X», se enfrenta a acusaciones de haber colaborado en la comisión de graves abusos contra los derechos humanos por parte del gobierno saudita. La demanda, interpuesta por Areej al-Sadhan, hermana de un trabajador humanitario saudita que fue desaparecido forzosamente y condenado a 20 años de cárcel, alega que Twitter divulgó datos de usuarios a petición de las autoridades sauditas a un ritmo significativamente mayor que en países como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.
El caso se centra en los acontecimientos que rodearon la infiltración de Twitter por tres agentes sauditas, dos de los cuales se hicieron pasar por empleados de la compañía en 2014 y 2015. Esta infiltración condujo al arresto del hermano de Areej al-Sadhan, Abdulrahman, y a la revelación de la identidad de miles de usuarios anónimos de Twitter. Según informes, algunos de estos usuarios fueron posteriormente detenidos y sometidos a torturas como parte de la represión del gobierno saudita contra la disidencia.
Los abogados de Areej al-Sadhan han actualizado la demanda para incluir nuevas acusaciones sobre cómo Twitter, bajo la dirección del entonces director ejecutivo Jack Dorsey, habría ignorado intencionalmente o tenía conocimiento de la campaña del gobierno saudita para perseguir a sus críticos. Alegan que, debido a consideraciones financieras y esfuerzos por mantener estrechos vínculos con el gobierno saudita, uno de los principales inversores de la empresa, Twitter proporcionó asistencia al reino en lugar de proteger los derechos de sus usuarios.
La demanda también destaca que Twitter fue visto inicialmente como un medio crítico para los movimientos democráticos durante la primavera árabe en la región y, por lo tanto, se convirtió en una fuente de preocupación para el gobierno saudita ya en 2013.
Este desarrollo legal se produce en un contexto en el que las organizaciones de derechos humanos han condenado al gobierno saudita por sentenciar a muerte a un hombre basándose únicamente en su actividad en las redes sociales, incluyendo Twitter y YouTube. Este acto ha sido calificado como una «escalada» en la represión gubernamental contra la libertad de expresión en el país.
El caso de Areej al-Sadhan y la demanda revisada contra Twitter plantean cuestiones importantes sobre la responsabilidad de las plataformas de redes sociales en la protección de los derechos humanos y la necesidad de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en relación con la divulgación de datos de usuarios a las autoridades gubernamentales. El desarrollo de este caso será seguido de cerca por defensores de los derechos humanos y la comunidad internacional