direccionCDMX.-México ha alcanzado un hito histórico en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido una decisión unánime que despenaliza el aborto a nivel federal en todo el país, un paso trascendental en el camino hacia la libertad de elección y la garantía de derechos fundamentales.
La decisión del máximo tribunal mexicano obliga a las instituciones de salud públicas federales, entre las que se encuentran el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Pemex, a ofrecer el servicio de aborto de manera gratuita. Además, esta resolución establece claramente que en ningún caso el médico personal podrá ser criminalizado por llevar a cabo un aborto.
Este logro es el resultado de una lucha constante por parte de la marea verde en México, un movimiento feminista que ha estado abogando por los derechos reproductivos de las mujeres en el país. Hace dos años, la Suprema Corte ya había dado un paso importante al dictaminar que ninguna mujer podía ser encarcelada por abortar, lo que obligaba a los jueces a desestimar los casos penales relacionados con el aborto. Además, la SCJN ordenó al Estado de Coahuila modificar su código penal, lo que debía servir como precedente para que otros estados mexicanos eliminaran las sanciones por interrupción del embarazo de sus legislaciones.
Sin embargo, el avance en este tema había sido desigual, ya que solo 11 de los 32 estados habían modificado sus leyes al respecto. Pero este martes, gracias a un amparo presentado por la organización feminista Gire, la Primera Sala de la Corte emitió un fallo trascendental al declarar que «es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos». de las mujeres y personas con capacidad de gestar».
Esta decisión representa un avance significativo en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres en México. No solo se garantiza que no se criminalice el aborto, sino que también se obliga a las instituciones de salud pública federal a proporcionar el servicio de manera gratuita. Además, implica la necesidad de modificar el Código Penal Federal para eliminar el delito de aborto, que hasta ahora contemplaba penas de uno a tres años para quienes practicaban el aborto, incluso con el consentimiento de la mujer, y sanciones de dos a cinco años de inhabilitación para los médicos que lo realizaban.
Isabel Fulda, subdirectora de Gire, destacó la importancia de esta victoria al señalar que es «el mayor avance que hemos conseguido en esta lucha». Esta decisión no solo envía un mensaje de empoderamiento a las mujeres, sino que también elimina el estigma asociado al aborto y garantiza el acceso a servicios de interrupción del embarazo en centros médicos públicos. Esta conquista representa un paso crucial hacia la protección de los derechos reproductivos y la dignidad de las mujeres en México.
