direccionLa Iniciativa de Medición de los Derechos Humanos (HRMI) ha presentado un estudio ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, destacando que México enfrenta dificultades significativas en la lucha contra la desaparición forzada en comparación con países como Liberia, Mozambique y Venezuela. El informe, elaborado por expertos en derechos humanos de la organización con sede en Nueva Zelanda, se entregó durante la revisión de México por parte de la ONU en Ginebra.
El estudio señala que México obtiene una puntuación de 3.0 sobre 10 en el derecho a no sufrir desapariciones forzadas, situándose en la categoría de «muy malo». Esto significa que muchas personas en México corren el riesgo de ser víctimas de desapariciones forzadas. En comparación con 30 países de todo el mundo, México se encuentra entre los peor calificados en este aspecto, por debajo de Mozambique, Arabia Saudita y Venezuela.
El estudio también revela que el 67% de los expertos en derechos humanos de México creen que todas las personas corren el riesgo de sufrir desapariciones forzadas en el país. Aunque algunos grupos, como los defensores de derechos humanos, los migrantes, las personas detenidas y los indígenas, enfrentan un mayor riesgo.
El informe destaca que las calificaciones negativas de México en esta materia no han mejorado significativamente desde 2017, lo que sugiere que el gobierno no está tomando medidas efectivas para prevenir eficazmente las desapariciones forzadas.
La HRMI es una organización especializada en la evaluación del progreso de los países en derechos humanos y sus datos están destinados a impulsar mejoras en el tratamiento gubernamental de los ciudadanos.
Durante la revisión de México por parte del Comité de la ONU, se resaltó la preocupante tendencia de desapariciones de niños en el país, que ha aumentado considerablemente en diversas regiones. “Las cifras son muy preocupantes en términos de niños y niñas desaparecidos, en los últimos tiempos ha crecido enormemente en el Estado de México, Coahuila, Tamaulipas, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla, Sonora, Michoacán y Baja California”, declaró Quintana.
También se mencionó la disparidad entre el alto número de cadáveres no identificados en México, que asciende a 54,000, y los indicadores presentados por el gobierno sobre el progreso en la identificación y búsqueda de personas desaparecidas.
El Comité expresó preocupación por la falta de recursos humanos y materiales para que las 32 comisiones locales de búsqueda puedan operar efectivamente. Además, se cuestionó la demora de cinco años en la implementación de protocolos y la Ley General de Búsqueda.
El gobierno mexicano argumentó que se están realizando avances significativos en la materia, destacando la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, la publicación de protocolos y programas, el aumento en el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda y la ampliación de personal dedicado a este fin.
Sin embargo, el Comité de la ONU enfatizó la necesidad de abordar de manera más efectiva el problema de las desapariciones forzadas en México y garantizar una respuesta adecuada a esta grave violación de derechos humanos.
