NL- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) llevaron a cabo la detención de una persona en el municipio de Galeana, Nuevo León, quien transportaba un arsenal de armas de fuego y 2,000 cartuchos.
Los hechos ocurrieron el pasado 21 de septiembre en el kilómetro 129 de la carretera Matehuala-Saltillo, en el ejido San Roberto. La detención se realizó como resultado de labores de inteligencia que permitieron ubicar a Catalino «N» a bordo de una camioneta con placas del estado de Texas. En el vehículo se encontraron un total de 7 pistolas de diversos calibres, así como un fusil de asalto calibre 5.56 x 45 y 2,322 cartuchos almacenados en una hielera.
El individuo detenido y el arsenal incautado quedaron bajo la disposición del Ministerio Público de la Federación, quien está llevando a cabo la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Esto con el objetivo de ejercer acciones legales de acuerdo con los delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE).
La LFAFE establece que en México, la posesión y portación de armas de fuego y explosivos es un derecho exclusivo del Estado. No obstante, la ley también contempla excepciones para la posesión de armas de fuego con fines deportivos, de cacería y de seguridad personal.
Para obtener la autorización para poseer un arma de fuego en México, se requiere un permiso emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Dicho permiso está destinado a personas mayores de 18 años que cumplan con los requisitos estipulados en la ley.
La LFAFE también señala que la portación de armas de fuego en México constituye un delito, aunque se permiten excepciones en casos de emergencia o razones de seguridad personal.
Esta ley compleja regula una amplia gama de actividades relacionadas con armas de fuego y explosivos en México, con el objetivo principal de garantizar la seguridad de los ciudadanos y prevenir el uso ilegal de estas armas y explosivos.
Cabe destacar que el incumplimiento de la LFAFE puede conllevar sanciones tanto penales como administrativas, que incluyen prisión, multas, pérdida de derechos civiles, y la suspensión o cancelación de permisos, según la gravedad de la infracción cometida.