La llamada reforma de “supremacía constitucional”, aprobada por el Congreso de la Unión, puede ser revisada por jueces, a través del amparo, por afectar derechos de la población, afirmó el magistrado Juan José Olvera López.

Parece que el proceso va a que se consolide hoy mismo, pero también hay que reflexionar que aún consolidada, si eventualmente también puede ser revisada a través del juicio de amparo u otras vías.

“Quiero con esto decir que igual esta, como otras reformas, aún siendo constitucionales, sin duda estaría sujeta todavía a que un ciudadano, como ustedes, pueda ir a los tribunales y decir ‘ah, sí esto implica, pues me gustaría que no se apruebe’, me parece que en este momento todavía estarían abiertas las vías que ellos quieren cerrar, porque ese sería parte del problema, si pueden cerrarlas o no”, indicó el magistrado.

Olvera López encabezó este jueves la conferencia llamada “contramañanera”, acompañado de la magistrada María del Carmen García González y su colega Juan Carlos Ramírez Benítez.

El magistrado afirmó que el propio nombre de los ajustes a la Constitución tiene un aspecto totalitarista, que pretende excluir a un sector de la sociedad.

Están echando adelante una reforma que, desde el nombre mismo tiene un énfasis o un tufo de totalitarismo, supremacía; cuando hablamos de supremacía a través de la historia, inevitablemente nos vienen a la mente esos movimientos desde la sociedad o desde los gobiernos que tienden a anular los derechos de las personas y excluir a otras personas, expulsar a otras personas.

“La palabra misma de supremacía me parece que puede estar siendo peligrosamente un adelanto de lo que en el fondo puede venir para los ciudadanos, y aunque se le ponga el adjetivo de constitucional, carece de sentido si vemos el verdadero objeto de esta de esta reforma”, afirmó el magistrado.

En la conferencia, el juzgador destacó que el reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no se detectaron irregularidades en los gastos del Poder Judicial de la Federación, por lo que se descartan las acusaciones de corrupción en su contra.

No hay, pues, pruebas, no hay evidencias de esa supuesta corrupción generalizada de que se habla una y otra vez; siempre hemos dicho y cuando se hacen estos señalamientos es, muy bien, podríamos conocer cuántos asuntos dentro del PJF fueron denunciados por el Ejecutivo Federal.

“¿Podría la Fiscalía General de la República (FGR) darnos un reporte de cuántos asuntos ha llevado los tribunales y en cuántos ha demostrado los hechos para obtener condenas por la labor de los jueces?”, cuestionó el magistrado Olvera López.