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En el corazón de la industria carbonífera del país se destapa un escándalo de proporciones devastadoras. Una investigación ha revelado que más de 25 empresas fantasmas, vinculadas directamente al controvertido y polémico Régulo Zapata Morales, alias El Coyote Mayor y su cartel carbonero zeta, habrían intenta infiltrar fraudulentamente el sistema de concesiones mineras con el objetivo de apropiarse de más de 15 mil millones de pesos en contratos.
De las 52 empresas enlistadas por la CFE para ser inspeccionadas por Servicios Geológicos Mexicanos, al menos la mitad fueron identificadas como fantasmas. Empresas que durante años operaron como factureras y fueron señaladas por el SAT por movimientos fiscales irregulares, hoy pretenden transformarse en proveedores del Estado, valiéndose de documentación simulada, maquinaria rentada por días y escenarios de operación ficticios.
Entre estas empresas se encuentran:
-MINERA CE-RA SA DE CV
-CARBONIFERA LUMAJA SA DE CV
-DESARROLLO MINERO Y LOGISTICA HCS SA DE CV
-DISTRIBUIDORA DE MINERALES JAQUE MATE SA DE CV
-ARRENDADORA Y SERVICIOS DEL NORTE SA DE CV
-EXCARMIN SA DE CV
-CORPORATIVO BASAOC SA DE CV
-MORALES MINING SA DE CV
-ASAC MINERIA SA DE CV
-MALCASA SA DE CV
-MINERALES Y ACARREOS DEL NORTE SA DE CV
-PRAXMA CONSTRUCCIONES SA DE CV
-MINERA 3 AMIGOS SA DE CV
-FERMAN MINERIA Y MAQUINARIA SA DE CV
-MINERIA ESPECIALIZADA LIBANO SA DE CV
-COMERCIALIZADORA ARMOYU SA DE CV
-COMERCIALIZACIONES INDUSTRIALES DIZNA SA DE CV
-INFRESTRUCTURA MINERA CATAMCO SA DE CV
-MINERA CARBONIFERA LA ARMANDINA SA DE CV
-CORTES Y ESTRUCTURAS AGUJITA SA DE CV
-DESARROLLOS MINEROS GH SA DE CV
-CONSTRUCCIONES LATITUD DEL NORTE SA DE CV
Un hombre sin mina, pero con millones en juego
Fuentes internas revelan que Régulo Zapata Morales, un personaje sin trayectoria real en el sector minero, se ha convertido en un operador clave dentro de un esquema de simulación industrial. Lejos de ser un productor de carbón, Zapata ha sido señalado por meter “tierra negra” —material no apto para plantas generadoras—, que ha ocasionado daños irreparables en instalaciones de la CFE, con pérdidas que superan los miles de millones de pesos.
Este tipo de material contaminante provocó la cancelación de contratos con tres de sus empresas fachada:
• Desarrollos Carboneros Mexicanos, SA de CV
• Minerales y Transportes, SA de CV
• Beneficios Carboneros AJ, SA de CV
Dichas compañías fueron vetadas por la CFE luego de haber incumplido un pedido de más de un millón de toneladas de carbón de diseño, equivalente a más de mil millones de pesos.
La mina de los horrores
El historial de Zapata Morales no sólo está manchado por el fraude. También enfrenta procesos penales por su presunta responsabilidad en la tragedia de la mina El Pinabete, donde más de 10 mineros perdieron la vida. Una catástrofe humana que derivó en un operativo de rescate que le costó al la CFE más de 5 mil millones de pesos.
Pese a estas acusaciones, Zapata Morales presume tener el control de la situación: “Tengo en la bolsa a la CFE”, habría dicho en círculos privados, haciendo alusión a su presunta influencia sobre la directora general Emilia Esther Calleja Alor, quien, según versiones extraoficiales, fue contactada a través de su prima, Mercedes Palma Alor, para “cuadrar los números” y asegurar contratos millonarios.
Competencia desleal, riesgo eléctrico y daño al país
Estas empresas no solo representan una amenaza económica. Al utilizar documentación falsa para competir en licitaciones, ponen en riesgo la cadena de suministro eléctrico, los derechos laborales de cientos de trabajadores y abren la puerta a una catástrofe ambiental en zonas ya de por sí golpeadas por la sobreexplotación minera.
Mientras tanto, los verdaderos productores de carbón, con trayectoria legítima y cumplimiento fiscal, ven sus operaciones amenazadas por una red de corrupción que pretende apropiarse del mercado con estrategias ilegales, disfrazadas de formalidad.
¿Dónde están la autoridades?
Este caso exhibe con crudeza cómo las licitaciones públicas pueden ser cooptadas por intereses oscuros que se mimetizan con la legalidad. La falta de controles, la debilidad institucional y la colusión entre empresarios y funcionarios han convertido el sector minero en terreno fértil para la corrupción y la impunidad.
Se requiere una revisión urgente de los mecanismos de contratación en la CFE, auditorías externas e independientes, sanciones ejemplares y, sobre todo, un compromiso institucional real con la transparencia, la justicia y la seguridad laboral.
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